El 19 de mayo, la jefa del Departamento Jurídico del Servicio Federal de Monitoreo Financiero, Olga Tisen, intervino en la sesión titulada: «Moneda digital: objeto del delito, medio para su comisión, bienes susceptibles de decomiso. Cuestiones de regulación normativa y aplicación del derecho» del XIII Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo.
Representantes de los ministerios y organismos competentes, del sector privado y de la comunidad experta debatieron sobre el uso de los activos virtuales con fines delictivos, las particularidades de la identificación e investigación de estos actos y la regulación legal vigente en esta materia.
El moderador del debate fue Mijaíl Shalúmov, subdirector de la Dirección de Sistematización de la Legislación y Análisis de la Práctica Judicial – jefe del Departamento de Sistematización de la Legislación y Análisis de la Práctica Judicial en el ámbito del proceso penal del Tribunal Supremo de la Federación Rusa.
Olga Tisen subrayó en su intervención que, conforme a la legislación rusa, los grupos de minería están ahora obligados a cumplir con la normativa contra el blanqueo de activos, así como a conectarse al «Área personal» de Rosfinmonitoring.
«En las cadenas de bloques abiertas y descentralizadas se puede acceder a toda la información sobre las transacciones, excepto los datos relativos a quién es el titular del monedero de criptomoneda. Para ello, se utilizan sistemas cerrados de seguimiento de transacciones. En Rusia existe un sistema especial llamado «Cadena de bloques transparente», que pertenece a la Federación Rusa en la persona jurídica de Rosfinmonitoring”, afirmó Olga Tisen.
La representante del Servicio indicó que actualmente tienen acceso a este servicio, a través del «Área personal», también los autoridades de orden público, quienes pueden rastrear de forma independiente las transacciones con criptomonedas e identificar qué proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) fue utilizado por el delincuente. La cooperación con los PSAV permite identificar al titular de la cartera de criptodivisas y llevar ante la justicia a los autores de delitos cometidos mediante monedas digitales.
